El martes se solicitaron penas de prisión suspendidas, de diez meses a cinco años, contra un ex abogado yihadista y dos periodistas juzgados en París, en particular por haber transferido fondos a miembros del grupo Estado Islámico, según ellos para ayudarles a abandonar el «califato». y rendirse. La pena más severa, cinco años en suspenso, fue solicitada contra el exabogado Bruno V., de 50 años, que pasó “de auxiliar de la justicia a auxiliar de los yihadistas”, en palabras del representante de la fiscalía, Benjamín Chambre, ante el tribunal. Corte Criminal.

Ninguno de los acusados ​​puede ser acusado de adherirse a la ideología del Estado Islámico (EI), reconoció el magistrado. Sin embargo, “es una mancha imborrable” que Bruno V. “deja en el vestido negro que se vio obligado a quitarse”, criticó. “Contrató a un abogado y luego se enfureció”, Bruno V. “perdió el equilibrio”: el acusado, resumió el fiscal, participó en la corrupción de un oficial del ejército iraquí para intentar, en vano, perdonarle la vida al yihadista Maximilien Thibaut durante la batalla de Mosul en 2017. Además, según la fiscalía, participó en la organización de la fuga de dos mujeres yihadistas de un campamento gestionado por las Fuerzas Democráticas Sirias (SDF), dominadas por los kurdos.

La fiscalía también solicitó penas de prisión suspendidas de 10 y 12 meses contra las dos periodistas Edith B., de 43 años, y Céline M., de 44. Autoras de un libro de investigación sobre las mujeres francesas que se unieron al ISIS, están siendo juzgadas por haber transferido fondos para pagar a los contrabandistas para que «exfiltraran» a varias mujeres de Siria o Irak, y por haber participado también en la fallida operación de rescate de Maximilien Thibaut. . Los dos periodistas fueron “arrastrados por un torbellino que les hizo perder el rumbo, la distancia y una cierta razón”, insistió Chambre.

Ante el tribunal, Edith B. y Céline M. admitieron haber “salido del ámbito” de su profesión, pero sostuvieron que habían actuado por “humanidad”, para “salvar vidas”. Semejante posicionamiento suscita «incomodidad», comentó el fiscal: «omniscientes» sobre el yihadismo de la década de 2010, los dos periodistas «se creían omnipotentes, capaces de decidir quién era peligroso y quién podía salvarse o no», criticó. El magistrado lamentó que las normas éticas de la profesión periodística no prevean la posibilidad de sanciones disciplinarias en tal caso.