En la Ciudad de Panamá, el Ministerio Público ha solicitado medidas cautelares para los 83 trabajadores detenidos tras los enfrentamientos en la Avenida Balboa el 12 de febrero. La audiencia, presidida por la jueza de Garantías del Primer Circuito Judicial de Panamá, Luzmila Jaramillo, se extendió desde las 9:55 a.m. hasta las 4:28 p.m. en el Centro de Formación y Recreación (Cefre) de la Caja de Seguro Social en Las Cumbres, con varios recesos marcando la jornada.
Durante la audiencia, el Ministerio Público, representado por las fiscales Elizabeth Carrión, Yenibeth Barraza y Gina Díaz De Gracia, solicitó la imputación por cinco delitos: contra los servidores públicos, contra la seguridad colectiva, contra el patrimonio económico (daños), contra la libertad individual, y contra la vida e integridad personal (lesiones personales). La Fiscalía argumentó que los manifestantes utilizaron el edificio como una “trinchera”, lanzando objetos contundentes desde las alturas hacia los agentes de la Policía Nacional, poniendo en riesgo la seguridad de la comunidad y la vida de las víctimas.
La Fiscalía presentó pruebas en video, obtenidas tanto del municipio como de la Policía Nacional, que respaldan la participación de los detenidos en los disturbios. Estas pruebas serán detalladas en una fase posterior del proceso. Además, se destacaron los disturbios registrados fuera del edificio judicial al término de la audiencia, provocados por los familiares de los detenidos. Para garantizar la seguridad de todos los involucrados, la Policía, en conjunto con el Órgano Judicial, ha implementado medidas de seguridad adicionales, como el uso de vallas metálicas y la reducción del horario de las audiencias en el Cefre.
La solicitud de detención provisional presentada por la Fiscalía se basa en el supuesto peligro de fuga y la posible alteración del arraigo laboral de los detenidos. La sesión del domingo se aplazó a petición de los defensores técnicos particulares, reanudándose el martes a las 8:45 a.m. para continuar con la argumentación sobre las medidas cautelares personales para cada imputado.
En un giro inesperado, el jueves 13, más de 400 personas fueron llevadas a la Casa de Paz de Calidonia, donde recibieron sanciones administrativas y monetarias, aunque algunos fueron liberados sin cargos. Entre los 83 detenidos que permanecen en el proceso actual, solo hay una mujer. Es importante señalar que, debido al gran número de personas presentadas al Juez de Garantías, la audiencia se lleva a cabo en el Cefre.
En conclusión, la decisión sobre las medidas cautelares para los 83 trabajadores detenidos se tomará el martes, en una jornada que ha estado marcada por la tensión, las argumentaciones legales y la búsqueda de justicia. La Fiscalía ha presentado pruebas contundentes sobre la participación de los detenidos en los disturbios, argumentando que representan un peligro para la seguridad de la comunidad y la integridad personal de las víctimas. La audiencia ha sido un momento crucial en el proceso judicial, donde se busca equilibrar la justicia con la protección de los derechos individuales de los imputados.
