Medidas Cautelares para Trabajadores en Protestas: Alternativas a la Detención
En la bulliciosa Ciudad de Panamá, la juez Luzmila Jaramillo tomó una decisión crucial al establecer medidas cautelares para 83 trabajadores imputados por los violentos incidentes ocurridos durante la protesta en la Avenida Balboa el pasado 12 de febrero. Estas medidas incluyen reportes periódicos y la prohibición de salir de las provincias de Panamá, Panamá Oeste y Colón, donde residen. Además, se les prohíbe acercarse a las víctimas, en un intento por mantener la paz y la seguridad en la comunidad.
La juez Jaramillo basó su decisión en la falta de pruebas sólidas que vincularan a los acusados con los delitos graves cometidos durante la protesta, como incendios y agresiones contra agentes de la ley. Sin embargo, destacó la importancia de investigar a fondo estos crímenes para garantizar la justicia y la seguridad de todos los involucrados.
Ante la posibilidad de apelar la decisión de la juez, los abogados de los trabajadores optaron por no hacerlo, mientras que la Fiscalía expresó su intención de impugnar la medida. En caso de que los trabajadores incumplan las medidas cautelares impuestas, podrían enfrentar la detención preventiva, lo que subraya la seriedad de las acusaciones en su contra.
Desarrollo de la Audiencia
Durante el sexto día de audiencia, la juez Luzmila Jaramillo continuó escuchando los argumentos de las defensas de los 83 imputados, quienes buscaban establecer medidas cautelares personales menos restrictivas de las solicitadas por el Ministerio Público. Tras un arduo proceso de sustentación, la jueza decretó un receso para permitir a las partes recargar energías y evaluar la situación.
Los defensores de los acusados han abogado por medidas más flexibles que las propuestas por la Fiscalía, mientras que esta última ha solicitado la imputación de varios delitos graves, incluidos ataques contra servidores públicos, daños materiales, y lesiones personales. La restricción de la libertad de los imputados se justifica por posibles intentos de fuga, destrucción de pruebas, o amenazas a la seguridad pública.
En esta compleja audiencia, el Ministerio Público cuenta con un equipo legal compuesto por las fiscales Elizabeth Carrión, Yenibeth Barraza e Yina Días de Gracias, quienes buscan garantizar la justicia y la seguridad en la comunidad. Por su parte, la defensa de los acusados está a cargo de un grupo de 19 abogados dedicados a proteger los derechos de sus clientes en medio de un proceso legal desafiante.
Con el Centro de Formación y Recreación (Cefre) de la Caja de Seguro Social como escenario de esta intensa audiencia, el público se mantiene expectante ante el desenlace de un caso que ha capturado la atención de toda la nación. La búsqueda de la verdad y la justicia continúa mientras se desentrañan los hechos ocurridos en la tumultuosa protesta de la Avenida Balboa.
Con información de Heady Morán.
