(Bangkok) Tailandia se convirtió el martes en el primer país del Sudeste Asiático en legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo, con una votación histórica en el Senado celebrada como una “victoria” por la comunidad LGBT.
La cámara alta del Parlamento aprobó por 130 votos a favor (cuatro en contra, 18 abstenciones) este texto que será presentado al rey Maha Vajiralongkorn para su promulgación y que entrará en vigor 120 días después de su publicación oficial.
Desde Holanda, el primer país en celebrar las uniones entre personas del mismo sexo en 2001, más de treinta estados han legalizado el matrimonio entre personas del mismo sexo en todo el mundo. En Asia, hasta ahora sólo Taiwán y Nepal han dado el paso.
“Hoy el amor venció a los prejuicios”, respondió la activista Plaifah Kyoka Shodladd, que participó en la redacción de la ley.
Antes de la votación, Tunyawaj Kamolwongwat, diputado del partido prodemocrático Move Forward, elogió “una victoria del pueblo”, que les devuelve “sonrisas”, en un período de turbulencias políticas.
El texto, votado en marzo por una amplia mayoría de los diputados, modifica las referencias a “hombres”, “mujeres”, “maridos” o “esposas” para sustituirlas por términos sin género, en este caso “individuos” y ” cónyuges”. También otorga a las parejas homosexuales los mismos derechos que a las parejas heterosexuales en materia de adopción o herencia.
Sin embargo, las personas transgénero o no binarias seguirán sin poder cambiar su género en sus documentos de identidad.
“Mi pareja tiene un hijo y quiero el derecho de poder adoptarlo y opinar en su crianza. Esta ley lo permitirá”, se alegra Kevin Pehthai Thanomkhet, de 30 años, a la AFP.
El matrimonio para todos genera un raro consenso en el reino tailandés, dividido entre el bloque conservador favorable al ejército y al rey y la oposición progresista apoyada por las generaciones más jóvenes.
La comunidad LGBT goza de una amplia visibilidad en Tailandia, conocida por su tolerancia y que atrae a turistas homosexuales de países vecinos conservadores.
Después de la votación, la primera ministra Srettha Thavisin, partidaria de la comunidad LGBTQ, inauguró su residencia oficial para una fiesta. “Hemos luchado durante mucho tiempo, porque creemos en la igualdad de derechos para todos”, reaccionó en su cuenta X. “Hoy es nuestro día. Celebramos la variedad del amor, no la diferencia. El amor es hermoso, poderoso”.
En el centro de Bangkok, muchos activistas homosexuales mostraron su alegría asistiendo a un espectáculo de “drag queen”. El terreno del centro cultural y artístico de la capital se cubrió para la ocasión con una bandera arcoíris gigante.
“Como tailandés, estoy muy orgulloso”, dijo Korakoch Jeumsanga, de 23 años. “La ley beneficiará a las personas heterosexuales y homosexuales. Sentí escalofríos cuando se votó”.
Miles Enríquez-Morales, un turista californiano entrevistado entre la multitud, dijo que esperaba que Tailandia hiciera lo mismo.
“En China no sucedería”, comentó Joe Yang, de 32 años, un chino de Guangzhou, muy feliz por los tailandeses y que pensaba que el matrimonio entre personas del mismo sexo estaba permitido desde hacía tiempo en Tailandia, dado el clima de tolerancia.
“Hacemos esto para todos. Si la sociedad concede derechos a todos, entonces es una sociedad en la que podemos vivir”, explicó antes de la votación Adisorn Juntrasook, que participó en la redacción de la ley como experto.
La llegada al poder el verano pasado de Srettha Thavisin, el primer civil en ocupar el cargo de primer ministro desde el golpe de 2014, aceleró el normalmente tortuoso proceso legislativo de Tailandia. La inestabilidad crónica de la vida política tailandesa, entre golpes de Estado y grandes movimientos de protesta popular, había superado los intentos anteriores de legalización en los últimos años.
Tailandia está atravesando un período de incertidumbre debido a los procedimientos del Tribunal Constitucional contra Srettha Thavisin y Move Forward, los dos principales defensores políticos del matrimonio igualitario.
Move Forward corre el riesgo de disolverse y sus dirigentes de ser excluidos de la vida política durante varios años, por haber prometido revisar la ley sobre el delito de lesa majestad durante la campaña para las elecciones legislativas de 2023. Una sanción que, si se materializara, Supondría un retroceso en la democracia, temen los grupos de derechos humanos.
