El Procurador de la Nación, Luis Carlos Gómez, ha tomado una decisión trascendental con respecto a la demanda de inconstitucionalidad contra el contrato de concesión de puertos en Balboa y Cristóbal a Panama Ports Company S.A. Esta medida, emitida en su Vista No. 01 de 19 de febrero de 2025, ha generado un gran revuelo en el ámbito legal y económico de Panamá.
El Dictamen del Procurador: Inconstitucionalidad y Vulneración de Principios Fundamentales
Según el Procurador Gómez, la Ley N° 5 del 16 de enero de 1997, que aprueba el contrato de concesión de puertos a favor de Panama Ports Company S.A., es inconstitucional. Esta afirmación se basa en la posible falta de transparencia en la negociación, la desigualdad en la competencia y el perjuicio a los intereses del Estado. Además, el procurador considera que la transferencia de derechos a Panamá Ports Company afecta la libre competencia y la prerrogativa del Estado sobre las concesiones de áreas de tierras.
Esta decisión tiene profundas implicaciones para el contrato que otorga a Panama Ports Company los derechos para el desarrollo, construcción, administración y dirección de las terminales portuarias en Balboa y Cristóbal. La solicitud del Procurador a la Corte Suprema de Justicia para que declare la inconstitucionalidad de la ley en cuestión marca un hito en la lucha por la transparencia y la equidad en los contratos de concesión en el país.
El Futuro del Contrato y las Reacciones de las Partes Interesadas
La demanda de inconstitucionalidad fue interpuesta por los abogados Norman Castro y Julio Macías Hernández el 3 de febrero ante la Corte Suprema de Justicia. En ella, se argumenta que la ley que concede el contrato es contraria a la Constitución panameña. Esta acción legal ha desencadenado una serie de eventos que podrían redefinir el panorama de los contratos de concesión en Panamá.
Panama Ports Company, que actualmente opera bajo un contrato de 50 años que culminará en 2047, se encuentra en el centro de esta controversia. En el pasado, la Corte Suprema de Justicia desestimó una demanda contra la extensión de este contrato, pero la situación actual podría cambiar el curso de los acontecimientos. El edicto N° 241 emitido por el supremo de justicia, que establece un periodo de 10 días para la presentación de argumentos por las partes interesadas, marca el comienzo de un nuevo capítulo en esta disputa legal.
En resumen, la decisión del Procurador de la Nación sobre el contrato de Panama Ports Company ha generado un debate crucial sobre la transparencia, la equidad y la legalidad de los contratos de concesión en Panamá. Con importantes implicaciones para el futuro de la empresa y el sector portuario en general, esta medida sienta un precedente importante en la defensa de los principios constitucionales fundamentales en el país. La resolución final de la Corte Suprema de Justicia será clave para determinar el rumbo de esta controversia legal en las próximas semanas y meses.
